Al inaugurar un congreso internacional sobre prevención de lavado, ante un auditorio integrado por jueces, fiscales y representantes de los sectores público y privado, el ministro de Justicia remarcó que "ahora el Código Penal establece condenas de 3 a 10 años de prisión" para los infractores.
“Al combatir el lavado de activos, estamos dando una lucha frontal contra la evasión fiscal y la economía en negro”, sostuvo hoy el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, al inaugurar el Congreso Internacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que se desarrolla en Iguazú, Misiones.
El titular de la cartera de Justicia destacó “los notables avances exhibidos por la Argentina en los últimos 18 meses” en esas materias, los cuales “contribuyen a transparentar el funcionamiento de la economía y las finanzas”; y advirtió que las prácticas de evasión fiscal “configuran ataques directos contra el sistema económico y financiero, un bien jurídico que ahora es protegido por el Código Penal, con condenas de 3 a 10 años de prisión para los infractores”.
“Estas mejoras merecieron, también, el reconocimiento de los principales foros internacionales especializados”, dijo el ministro, al tiempo que instó “a todos los sectores” a “actuar en forma coordinada y comprometerse en esta lucha para que no sean letra muerta las valiosísimas reformas normativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, con el acompañamiento del Congreso de la Nación”.
En ese sentido, el funcionario brindó detalles del Plan de Acción que viene desarrollando la Argentina desde febrero de 2011 “a partir de una decisión soberana de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que constituye un compromiso político del más alto nivel para la adecuación de nuestro sistema normativo y de nuestros instrumentos administrativos a los más altos estándares internacionales, pero respetando fielmente nuestra tradición jurídica y nuestra identidad cultural”.
Destacó, entonces, que “las políticas y reformas implementadas en tiempo récord merecieron el reconocimiento del pleno de los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de la comunidad académica mundial reunida en el foro sobre delitos económicos que organiza anualmente la Universidad de Cambridge”.
Alak recordó que en febrero de 2011 el país presentó ante el GAFI un Plan de Acción que, en sólo 18 meses, produjo resultados concretos de alto impacto positivo, entre ellos los siguientes:
* Reorganización del sistema antilavado en cabeza de la Unidad de Información Financiera (UIF) y fortalecimiento de la reglamentación administrativa del organismo;
* Establecimiento de un nuevo marco normativo en materia de inspección, supervisión y sanción de los sujetos obligados;
* Modificación del Código Penal en materia de lavado de dinero; inclusión de la responsabilidad de las personas jurídicas y del decomiso sin sentencia condenatoria;
* Unificación registral a nivel nacional y readecuación administrativa de todos los organismos de fiscalización y control;
* Incorporación al Código Penal de nuevas figuras en materia de delitos económicos, principalmente vinculados al sector financiero y la manipulación del mercado;
* Incorporación al Código Penal de un agravante genérico para los delitos cometidos con finalidad terrorista y retipificación del delito de financiamiento del terrorismo.
* Creación del Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en el entendimiento de que no se trata sólo de reformar los instrumentos normativos, sino de monitorear en forma permanente su implementación y eventual corrección.
* Establecimiento de la figura del congelamiento administrativo de activos, instituto legal hasta entonces inexistente en el ordenamiento jurídico nacional.
El ministro afirmó que “esas medidas se están traduciendo en resultados concretos”, y citó:
* Los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas pasaron de 1.500 en 2009 a 25.000 en 2012.
* Más de cien causas por lavado de activos son instruidas en los tribunales argentinos, y en 34 de ellas es querellante la UIF.
* Se han trabado ya embargos judiciales por más de 30 millones de pesos y se produjeron decomisos por más de dos millones y medio.
* Hay, a la fecha, cinco condenados, 11 detenidos y 34 procesados por delitos de lavado de activos o encubrimiento.
También asistieron al Congreso el gobernador de Misiones, Maurice Closs; el titular de la UIF, José Sbattella; el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce; el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli; la superintendenta Nacional de Seguros, Ana Durañona; el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena; el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Raúl Plée, numerosos jueces y fiscales con competencia en la materia y especialistas del ámbito académico.
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